Ofensiva política de la Iglesia Católica: plantea violar la laicidad e invadir los ámbitos estatales, negando la validez del matrimonio legal y el divorcio.

En un insólito documento, presentado en el día de ayer por la Conferencia Episcopal Uruguaya, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, desconoce buena parte de los avances democráticos y sociales del Uruguay moderno e intenta retrotraer a nuestro país a casi, casi … la época colonial. Si, aunque no se lo pueda creer. No pasa desapercibido, que nuestro Estado, principalmente por desaciertos y torpezas de quienes deben gobernarnos, tanto desde oficialismo como de la oposición, está dando a la sociedad – a lo menos – una imagen de desorden y caos. Este no es el tema, pero todos podemos ver como hay situaciones que parecen escapárseles de las manos al gobierno, sembrando incertidumbre entre la población. Es el caso, por ejemplo, de la seguridad, a lo que se le suma ahora la enseñanza. Asimismo vemos como los intereses corporativistas se adueñan del interés general, en campos específicos del Estado, causando perjuicios a la población, que muchas veces se ve rehén de conflictos que ni siquiera conoce y la superan. Es el caso del Registro Civil.

En ese contexto, la Iglesia Católica, que juega a la ambigüedad acerca de su estatuto, es decir, representado a un Estado o siendo una religión, comete el tremendo desatino de inmiscuirse de manera harto retrógrada, en los asuntos políticos de Estado de nuestro país, dejando claro que, sea cual fuere su situación jurídica, viola una vez más, y de manera descarada los límites – que tanto como religión, o como representando a un Estado extranjero (en este caso el Vaticano) debería respetar – que marcan la soberanía de nuestra Nación.

Parece que últimamente, frente a la pasividad oficial, las religiones y Estados fundamentalistas religiosos, cada vez más intentan pescar en este río revuelto de nuestra sociedad, y hacen política cada vez más abiertamente en nuestro país, intentando captar adeptos para sus maquinarias de influencia, configurando una situación progresivamente peligrosa. Lo hizo hace poco el embajador iraní, negando la existencia del holocausto judío, situación que denunciamos en su momento, y ahora lo hacen los representantes del Estado Vaticano.

Nuestra sociedad viene reclamando y protagonizado acciones a favor de ciertos avances en materia de reformas seculares – entre los que se encuentran la despenalización del aborto, el matrimonio civil entre parejas homosexuales, y la adopción de niños por parte de las mismas – que se han chocado permanentemente con una iglesia católica que, si bien no condena con la contundencia necesaria a los curas pederastas y violadores de niños, cuyas denuncias han causado el repudio más vehemente de la civilización, sin embargo no vacila en censurar estas reformas sociales de avanzada como opuestas a la moral católica.

INVASIÓN DEL ÁMBITO CIVIL

La Iglesia Católica desde hace más de un siglo se encuentra enfrentada al Estado laico secular que rige en nuestra República, y permanentemente presiona a través de diversas formas, intentado siempre retomar el control de las reglas de convivencia y transformar la legislación vigente en el país a su conveniencia.

En relación con el matrimonio, expresan muy sueltos de cuerpo que “El Estado debería respetar y tutelar el fundamental derecho de los ciudadanos a contraer matrimonio, según su conciencia y de acuerdo con la libertad de religión“. Esta afirmación, además de ser mentirosa, como si alguien hubiera abolido o negado ese derecho a un ciudadano de nuestro país, a casarse por la religión que más le convenga, configura además una flagrante hipocresía cuando es sabido que la iglesia católica se opone fieramente al matrimonio entre personas del mismo sexo, violando en calidad de tentativa el “fundamental derecho de los ciudadanos a contraer matrimonio”.

Pero además, el oponerse a la separación entre el Estado y las religiones, hace expresa demostración de un hegemonismo arrogante, mostrando el deseo de imponerse sobre el resto de las confesiones que son practicadas en nuestro país, al pretender oficializar “su” ceremonia de casamiento.

En el Uruguay, el matrimonio registrado oficialmente por el Estado es el único válido pues – independientemente de las creencias o descreencias que puedan tener los cónyuges – hace de la pareja sujetos de la República, sobre la cual caen deberes y obligaciones que dependen de la ley, que garantiza a uno y otros sus derechos y los de sus descendientes. Es decir, confía, da certezas y garantías legales independientemente de la hipotética potencia o bondad de un ser superior, sujeto de fe que no garantiza una obligación contractual como es un matrimonio. Pero además, nadie impide – en un país donde impera la libertad absoluta de cultos – que cualquiera pueda casarse por la religión que más le convenga. Esta es la libertad existente en nuestra Republica que la iglesia desea suprimir, incluso discriminando al intentar imponerse al resto de las confesiones y al propio Estado con el confesado propósito de legitimar, incluso legalizar sin más, solo al casamiento por la fe católica. Esto es más grave, cuando el sistema de tolerancia existente en nuestro país, garantiza que gente de confesiones diferentes, o de creencias diversas, puedan casarse entre si y convivir armoniosamente en el respeto mutuo ejerciendo sus obligaciones para con sus familias.

El documento protesta que “se mantenga en vigor una ley por la cual incurre en delito el sacerdote que recibe el consentimiento matrimonial, si antes no han pasado los contrayentes por el Registro Civil“, intentando soslayar el hecho, felizmente existente hace bastante tiempo, de que formalmente bajo un sistema republicano, un sacerdote de cualquier espiritualidad existente legalmente en el país, sea de una religión mayoritaria o minoritaria, es un ciudadano como el que más, sin ningún privilegio especial por ese concepto, y que si viola la ley, debe responder y ser tratado, como cualquier ciudadano por ello. ¿O es que la iglesia desea volver a una época pretérita, afortunadamente superada, donde los ciudadanos comunes y corrientes debían rendirle acatamiento e incluso mantenerla con sus impuestos? ¿O es que desea, y a través de cuáles credenciales, situarse por encima de los deberes, derechos y obligaciones impuestas por la ley común de la República para todos sus ciudadanos en igualdad? Ese tiempo ya pasó, pero ella insiste en dar marcha atrás a la rueda de la historia, para retrotraer a nuestra sociedad a una nueva época de oscurantismo.

Referente al divorcio, una de las grandes conquistas de vanguardia en nuestro país, que ha permitido y regulado la libertad de los cónyuges y protegido a los niños cuando se dan separaciones entre los padres, la iglesia ve “con dolor que la aceptación social del divorcio es un rasgo distintivo de la sociedad uruguaya“.

Esta iglesia trasnochada, rencorosa de sus poderes perdidos, vengativa y sedienta de poder, intenta hacer retroceder nuestra sociedad hacia el domino patrimonial, donde la mujer y los hijos eran prácticamente propiedad del varón, el cual podía ejercer su dominación sin cortapisas. La legislación moderna vino a corregir esas injustas situaciones principalmente para las mujeres; injusticia que, naturalmente, esta iglesia atávica protege como a otras tantas otras a lo largo de la historia.

Pero el hecho es más grave, pues con su planteamiento, prácticamente se pone en el filo dellamar a la desobediencia civil a las leyes y a la libertad, más aun, cuando en la actualidad vivimos un momento verdaderamente crítico para la vida en pareja, con innumerables casos de violencia doméstica y familiar, por lo que condenar o prohibir el divorcio equivale a penalizar a miles de mujeres al sometimiento y abusos de parte de sus conyugues.

EDUCACIÓN

Por otra parte reclama que sus instituciones educativas “no sean discriminadas por el Estado“, exigiendo recibir fondos públicos.

Esta es una vieja demanda eclesiástica, el presionar a los poderes públicos para recibir subvenciones, las cuales son pagadas por todos los habitantes del país, miembros de todas las confesiones, y por supuesto también de aquellos que no creen o no adhieren a ningún dogma religioso en particular.

Opinando que “el Estado no tiene por qué favorecer las propias instituciones de enseñanza de gestión estatal, porque los ciudadanos tienen derecho a elegir las instituciones según su convicción“, proponen que “se abra el sistema de enseñanza a una mayor pluralidad de formas y centros, que se conciba que toda enseñanza es pública, pero de gestión estatal o privada“.

Es decir, la iglesia desea conformarse como otro Estado dentro del país, y para ello le dice al Estado legítimo – que es una emanación de la totalidad de la ciudadanía de la nación – que no debe tomar, en ejercicio de su legitimidad, decisiones propias enfocado en si mismo. Es como si mi vecino, viniera a mi casa y diga que el manejo de mis presupuestos no es cosa mía, sino también de él, por la razón de que mi hijo juega con suyo, y que por ello debería pagarle. Si nuestro vecino nos dijera eso, ¿no pensaríamos que está enfermo?

En nuestro país liberal, el emprendimiento lucrativo es un derecho. También el invertir en la educación con fines de lucro. Los emprendimientos educativos privados, independientemente de que sean laicos o religiosos, son realizados con un afán de brindar servicios a cambio de un pago, o para mantener una presencia en un terreno sensible para la propagación doctrinaria. Y, como cualquier emprendimiento, está sujeto a pérdida. Ha habido muchas experiencias educacionales privadas, algunas con muy buenos resultados, otros menores y otros han fracasado. Es la ley del mercado. El Estado a través de la educación pública, de carácter laico, obligatorio y gratuito, de cuyas carencias y abandonos somos absolutamente críticos, tiene como cometido garantizar a todos la educación en sus diversos niveles. Somos conscientes que muchos ciudadanos, frente a las carencias de la educación pública, optan por realizar un esfuerzo para enviar a sus hijos a la educación privada, confesional o no. Pero no podemos cerrar los ojos de que estas son opciones privadas, y que subvencionar las mismas, implicaría de hecho disminuir la cuota presupuestal de la educación pública. Esto claramente implicaría agrandar aun más la brecha ya existente entre una educación de elite y otra para las mayorías.

No se puede aceptar entonces ese planteamiento simplista de una educación privada confesional que responde a una corporación económica global, como es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la cual, si desea mantener su presencia podría hacerlo holgadamente con sus propios recursos, que los tiene y en demasía, sin necesidad de pedir nada a nadie. Hacer obra social con plata ajena es fácil; pero lo realmente bueno, solidario y ético, es dar servicios sin pedir nada a cambio. Si la iglesia deseara dar servicios altruistas, lo primero que debería hacer es dar, no sacar; sería transferir de donde tiene su riqueza, a donde impera la necesidad. Pero ver para creer!

Dos comentarios finales:

La mención al perdón.

La evidencia de una iglesia extranjera a nuestra identidad uruguaya está absolutamente expuesta en esta mención al perdón que – señalan – se debería utilizar más en nuestra sociedad. Los uruguayos tenemos conflictos, es verdad, y muchas veces cierta irracionalidad y pasión incontrolada puede llevarnos a confundir la justicia con la venganza, como dice el propio documento. Pero, nuestra propia historia nos ha dado las herramientas a las cuales todo uruguayo conocedor de nuestras tradiciones puede recurrir, sin necesidad de actitud mediadora por parte de ninguna religión.

La madurez de nuestro pueblo nos ha mostrado siempre el camino. Artigas, fue el primero: “Clemencia para los vencidos“, proclamó el Prócer el 18 de mayo de 1811 en Las Piedras, después de derrotar al godo colonialista apoyado por esta misma iglesia que no deseaba nuestra Independencia, razón por la cual Artigas – quién seguramente era un creyente honesto – desconfiaba de ella, como lo prueban múltiples documentos.

Más tarde, en abril de 1825, tenemos el “Abrazo del Monzón” momento histórico que resolvió la unidad entre los caudillos Lavalleja y Rivera para oponerse al enemigo común brasilero y abrir el cauce a nuestra Independencia.

O, más tarde aun, el 8 de octubre de 1851, el país superó un largo conflicto, la Guerra Grande, que dividió a los orientales, con la consigna de “sin vencidos ni vencedores“.

Estos ejemplos nos dicen que en nuestra tradición y cultura nacional tenemos todos los elementos de grandeza secular como para resolver nuestros conflictos, y que nuestro pueblo tiene sus herramientas históricas para construir, como siempre lo ha hecho, su propia paz, sin necesidad de mesianismos ni de intermediación confesional ninguna.

También nos dice, que quienes nos hablan de perdón aquí, podrían empezar por su propia casa, por ejemplo, solicitando a la Humanidad el perdón por los asesinatos de tantos y tantos hombres y mujeres cuyo único pecado era el de intentar ser libres bajo un régimen de opresión. La Humanidad está llena de mártires librepensadores cruelmente asesinados por las religiones. El catolicismo tal vez recupere su respeto cuando sea capaz de ver su propia historia como un sendero de sangre de mártires asesinados, sin que aun se arrepienta por ello. Millones de seres humanos, los llamados herejes o brujos, los cátaros, los templarios, los judíos, los indios americanos, muchos científicos, etc. fueron prisioneros, martirizados, descuartizados, torturados, inmolados en las llamas por la Inquisición o por los regímenes políticos absolutistas que la iglesia siempre prohijó. Por esto no piden perdón. No tienen autoridad moral para solicitarle a nadie el perdón, hasta que ellos mismos no se honren, aunque sea una vez, en la verdad y la justicia, pidiendo perdón a la Humanidad por tantas vidas, tantas inteligencias, tanto conocimiento truncado por la muerte en nombre de dios.

Círculo Católico

El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, cuestionó que el Ministerio de Educación y Cultura convalidara una asamblea del Círculo Católico que decidió desligarse jurídicamente de la Iglesia, argumentando que dicha asamblea no era legítima.

Además de apelar la decisión, intentando revertir la situación, cosa que nuestro régimen jurídico le permite hacer, y eso habla bien del estado de derecho imperante en nuestro país, aunque a la iglesia no le guste, sin embargo realizaron la amenaza (o chantaje) de retirar el apelativo de “Católico” del nombre de la institución, puesto que “no es justo que ésta pueda asumir un modo de actuar en el campo de la salud que sea contradictorio con el de la Iglesia Católica y decirse católico”, afirmó Cotugno. “No podemos decirnos católicos y asesorar cómo se puede hacer un aborto u ofrecer posibilidad de expendio de métodos anticonceptivos“. Este terrorismo verbal por parte de las máximas autoridades de la iglesia, habla por si solo de su verdadera naturaleza, que poco tiene que ver con la creencia y la fe, y mucho con un aparato de poder que solo busca imponerse a través de los peores métodos medioevales de control social y político.

Finalmente:

Ante esta maraña de confusión interesada, creada por las autoridades eclesiásticas católicas entre lo público y lo privado, lo secular y lo religioso, ante esa grosera intromisión, presión, incluso casi chantaje, que resume el texto de las jerarquías católicas, los librepensadores del Uruguay nos planteamos serias inquietudes respecto a este nuevo intento de avasallar el régimen de tolerancia que felizmente aun existe en nuestro país hacia todas las confesiones, creencias y filosofías, así como de libertad civil y de conciencia para todos los ciudadanos de nuestra república.

Nuevamente la Asociación Civil 20 de Setiembre hace un llamado a defender las instituciones y los ideales laicos, expresiones de los principios de tolerancia, democracia y libertad, y rechazamos contundentemente la intrusión del dogma religioso en la vida cívica y política de nuestro país.